Estados deben cuidar imposiciones de resguardo domiciliario: Encinas

Llama a Congresos y Ejecutivos estatales a no cometer violaciones a derechos de movilidad y de libertad con el argumento del combate al Covid-19
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Advirtió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) Alejandro Encinas que la reducción a la movilidad de personas es un objetivo central para enfrentar la propagación del virus SARS-CoV2 (Covid-19); sin embargo, no puede imponerse el resguardo domiciliario mediante sanciones penales, pues es una medida desproporcional que podría declararse como inconstitucional por las autoridades competentes.

Por ello exhortó la Segob, a través de Encinas Rodríguez, a los Congresos federal y locales, así como a los Poderes Ejecutivo y Judicial, a no hacer uso del derecho penal para enfrentar la emergencia sanitaria, como establece la Guía en Derechos Humanos para las Medidas Covid-19 publicada por esta dependencia.

El derecho penal debe usarse como derecho límite, de ultima ratio, cuando otras medidas menos lesivas no funcionen para lograr el objetivo planteado.

Ejemplificó que el pasado 29 de abril, el Congreso del estado de Querétaro aprobó una reforma al Código Penal local que contempló delitos nuevos y endureció existentes, alegando como motivo el combate a la propagación del virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Destacó los siguientes: cuatro a seis años de prisión “a la persona que no respete el periodo de aislamiento obligatorio impuesto por padecer una enfermedad transmisible grave o la cuarenta”.

De tres a cinco años por desobedecer medidas de la autoridad sanitaria o de protección civil decretadas durante una emergencia sanitaria. A la persona que se oponga a que la autoridad ejerza sus funciones por medio de amenazas o violencia, tres a cinco años de prisión. La pena sube hasta por una mitad más si se trata de autoridades de servicios de salud, seguridad o protección civil.

La agravante al tipo penal de provocación a cometer un delito o apología al delito: tres a seis años de prisión a aquellas personas que promuevan o convoquen públicamente a realizar saqueos, robos y actos similares. La reforma contempló la misma pena para las personas que participen en estos hechos. El aumento de penas a delitos de riesgo de contagio y omisión de auxilio.

Alejandro Encinas subrayó que, además, la reforma prevé el aumento de penas y la adición de otros delitos no relacionados con el combate a la pandemia, por lo que preocupa el artículo 289 que prevé dos a cinco años de prisión a las personas que obstruyan obras o trabajos públicos, con la agravante de cuatro a seis años si participan varias personas, pues este tipo penal criminalizaría la protesta social, enfatizó.

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Precisó que la suma de estos delitos, redactados de forma poco clara y amplia, violan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica. Asimismo, no son proporcionales, al usar de forma desmedida sanciones privativas de la libertad para conseguir objetivos que podrían obtenerse con sanciones menos restrictivas, como las administrativas en contra de establecimientos o incentivos positivos que regulen la conducta humana.

El subsecretario argumentó que el aumento de penas privativas de la libertad no garantiza una disminución de los delitos, pero lesiona el tejido social, satura las prisiones, implican un gasto alto para el erario y tiene efectos trascendentales sobre los familiares y dependientes de las personas condenadas.

“Sanciones penales como las planteadas por el Congreso de Querétaro para hacer frente a la contingencia, criminalizan la pobreza y tienen efectos desproporcionales sobre grupos excluidos y vulnerables. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración se hace un llamado a la mesura y al uso de la ciencia y la corresponsabilidad para el diseño de medidas frente a la emergencia sanitaria”.

 

kgm