Urgente desahogar sistema penitenciario ante el Covid-19

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Con la confirmación de los primeros casos de contagio de coronavirus de personas privadas de la libertad y personal penitenciario, de cara a las recomendaciones que surgieron desde distintos organismos internacionales, sociedad civil y expertos para el manejo de la pandemia en centros de reclusión, se exhortó a la discusión sobre la necesidad de implementar mecanismos de liberación de personas en reclusión que desahoguen al sistema penitenciario mexicano, a efecto de optimizar estrategias de prevención, contención y manejo sanitario de la pandemia en las prisiones.

Entidades federativas como la Ciudad de México, Coahuila y el Estado de México, pusieron ya en marcha acciones para gestionar liberaciones de personas privadas de la libertad, a partir de distintas figuras jurídicas previstas en la normatividad penal y de ejecución aplicable, que van desde preliberaciones humanitarias (aplicables a personas de la tercera edad, con condiciones de salud precarias o en estado de vulnerabilidad), concesión de beneficios penitenciarios (libertad anticipada o libertad condicionada), revisión de medidas cautelares (para implementar aquellas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas a la prisión, como el uso de brazaletes electrónicos) o la aplicación de criterios de política penitenciaria.

En el ámbito federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública también comenzó a realizar las acciones correspondientes en la materia.

Es necesario precisar que en la Ciudad de México y el Estado de México, se concentran 10 de los 37 centros penitenciarios con mayor densidad poblacional del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol 2016) y son estas entidades federativas las que encabezan el número de contagios de Covid19 (segíun datos de la Secretaría de Salud federal, reporte del 19 de abril a las 19:00 horas); ante tales cifras, el manejo y conducción de las autoridades es crucial para atender de manera pertinente a un sector social vulnerable, sistemáticamente relegado.

Por otra parte, en el Senado de la República se sesionó para aprobar la Ley de Amnistía propuesta en meses anteriores por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como una ruta atingente a la atención de la pandemia en el sistema penitenciario.

En este sentido no se cuenta con información pública que permita estimar el número de personas privadas de la libertad potencialmente beneficiarias por la Ley de Amnistía, pero no se considera que aplique a un volumen considerable, tomando en cuenta que varios de los supuestos que se prevén en el proyecto corresponden al ámbito de impartición de justicia del fuero común y, aunque la Secretaría de Gobernación refiere que 4 mil 305 personas se encuentran privadas de la libertad por delitos contra la salud , no hay datos que permitan establecer qué porcentaje de dichas personas permanecen en alguna de las previsiones de la propuesta de ley.

Resulta también pertinente mencionar que otras rutas a partir de las cuales se puede lograr la liberación de personas vulnerables que se encuentran en prisión, son la creación de leyes de amnistía de carácter local y el indulto, que supone el perdón de la pena y puede concederlo el titular del Poder Ejecutivo.