El ambulantaje, la otra pandemia ante el hambre
Sin importar condición de ocupación, una proporción importante de la población vive en situación de pobreza, por lo que abandonar sus actividades productivas implicaría una amenaza para la subsistencia de sus familias. Esta combinación de precarización laboral y bajos ingresos hace que algunas campañas como la llamada “Quédate en Casa” resulten en exhortos insensibles para personas que viven del ambulantaje y poco empáticos dada la realidad del país.
En México el hambre es una amenaza igual de importante que el Covid-19 y forzar a la gente a dejar de trabajar sin ofrecer ningún tipo de apoyo financiero es igual de grave que obligarla a salir en medio de la pandemia.
Se consideran informales aquellas personas que trabajan pero no tienen prestaciones sociales básicas, o bien que trabajan en lugares no registrados, comerciantes de esquites, pan dulce y otras preparaciones son ejemplos de esta situación.
De acuerdo con estimaciones del INEGI en 2019, de cada 100 pesos generados de Producto Interno Bruto (PIB) 22 provienen de la informalidad. En este sentido, la informalidad resulta un indicador, si bien imperfecto, de las personas que pueden “hacer cuarentena”; entre mayor sea la tasa de informalidad en una entidad, la tendencia a que sus residentes puedan quedarse en casa será menor.
Comparada con el sector formal, la informalidad se caracteriza por la percepción de menores ingresos, por una mayor inestabilidad en la disponibilidad de recursos y por una gran precariedad al no contar con prestaciones sociales: no hay seguridad alguna de que las fuentes de ingreso van a seguir ahí si se deja de asistir a trabajar.
En la tasa de informalidad por estado se observa que Oaxaca y Guerrero tienen alrededor de 80 por ciento (%) de su población económicamente activa (PEA) en la informalidad. Esta situación dificulta –si no es que imposibilita– el cumplimiento de la cuarentena. El confinamiento equivaldría a condenar a ese 80% a quedarse sin remuneración alguna.
La Ciudad de México, la zona con más casos de Covid-19 en el país, permanece en el grupo de entidades federativas con una tasa de informalidad menor –de alrededor de 49%. Pero no se trata de una cifra menor: son casi 1 millón 300 mil trabajadoras y trabajadores. En cuanto a casos confirmados de Covid-19 le siguen el Estado de México, con una tasa de informalidad de 57% y Baja California con 37% equivalentes a 4.5 millones y 644 mil, respectivamente. En estas tres entidades el escenario es muy preocupante.
La informalidad es sólo uno de los factores que deben observarse para determinar qué porcentaje de la población tiene la posibilidad real de quedarse en casa. Es necesario tomar en cuenta otros componentes importantes para tener un escenario más completo y realista. Factores como el género y la edad de los trabajadores, el porcentaje de personas que trabajan en microempresas en cada entidad, aquellos que son autoempleados y el tipo de industria son también determinantes en la posibilidad que tienen las personas de quedarse en su casa.
Una publicación de Data Cívica reportó que en México las industrias que suelen remunerar mejor a sus trabajadores son también en las que se puede hacer el trabajo a distancia con mayor facilidad: existe una relación positiva entre percepción de ingreso y probabilidad de trabajar desde casa.
Al analizar el tipo de industria, Data Cívica implementó una metodología que tomó en cuenta el tipo de labor y estimó la proporción de personas que pueden trabajar en casa.
De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, México se encuentra en el inicio del pico epidémico. El riesgo que enfrentan empleadas y empleados que no gozan del privilegio de trabajar en casa corre por dos vías: salud y economía.
Cumplir con la Jornada de Sana Distancia de forma estricta no parece ser una cuestión de falta de conciencia, basta observar hospitales al borde de la saturación para tomarse en serio el peligro que significa el Covid-19. Sin embargo, dada la insuficiencia de apoyos económicos por parte del gobierno para abandonar en su totalidad actividades económicas no esenciales, una parte importante de la población queda obligada a correr tal riesgo a diario para seguir percibiendo un ingreso.
Con información de Leonor Ortiz Monasterio (@theleonori) y Katia Guzmán (@guzmart_), integrantes de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
kgm
