En entrevista para Réplica, Diego García Saucedo, socio director del Despacho García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, abundó con respecto a las inspecciones y posibles sanciones que podrían recibir empresas que incurran en delitos penales al decretarse restricciones de trabajo por parte de las autoridades del Sector Salud federal ante la pandemia de coronavirus (Covid-19).
El abogado subrayó que las inspecciones establecidas por las Secretarías de Salud y la del Trabajo y Previsión Social son practicadas para vigilar tres grandes factores: uno, si no forman parte de las actividades no esenciales (no deben estar ejecutando acciones); dos, que no haya reducción en los salarios y mucho menos que se les haya dejado de pagar a los trabajadores; y tres, si forman parte de las actividad esenciales que lleven a cabo las medidas sanitarias específicas.
Indicó que como primer punto debe verificarse la normatividad de higiene, una vez analizado esto se analiza qué factores son los aplicables a cada empresa.
“La norma 30 es la más vigilada, la cual está enfocada a particularidades del contagio; es decir, que se va a verificar que se cumpla en las empresas o negocios la sana distancia, que los trabajadores cuenten con caretas, gel antibacterial, entre otras condiciones, al incumplirse alguno de estos puntos pueden ser acreedores a una multa de 20 mil pesos por cada punto que incumplan y esto va a ir variando de acuerdo con lo que no se cumpla como empresa, donde pueden llegar a pagar hasta medio millón de pesos por sanciones”, alertó García Saucedo.
Al cuestionarle qué pasa con las empresas que incumplen las medidas establecidas, precisó que como primer elemento debe establecerse alguna denuncia por parte del trabajador, ya sea de manera anónima o presencial, posteriormente se acude al lugar para corroborar la información y como primera instancia, si se encuentra laborando, la empresa deberá comprobar su acreditación como actividad esencial; “de no ser así se le exhorta al cierre, si después de un primer aviso no hace caso, la Secretaría del Trabajo deberá dar aviso a las instancias correspondientes y, en su defecto, al Ministerio Público, para exponer el delito que está cometiendo”.
- SECUELAS
Agregó que las consecuencias que pueden aplicarse en las empresas van desde las multas, el cierre total del establecimiento y si en dado caso se comprueba que está afectando a la seguridad e integridad del trabajador, los responsables pueden llegar a tener la privación de la libertad, porque incurren en un delito penal; al referir lo que ya confirmó ayer la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz.
Sostuvo el abogado que a escala federal, a través de un citatorio conciliador, se exhortó ya a todos los patrones a que no bajen los salarios de sus empleados; sin embargo, recordó que las empresas que así lo hagan podrían ser multadas por la Secretaría del Trabajo y, por otro lado, el afectado podrá realizar una demanda vía juicio laboral en contra de la empresa, pues incurre en una violación al derecho laboral del trabajador.
Mencionó que las empresas están haciendo acuerdos bilaterales entre firmas y trabajadores para que no dejen de cobrar y que su salario sea menor a lo que está ganando, pero no menor al salario mínimo, aunque esta situación debe darse de mutuo acuerdo.
- UN DATO
A través de una encuesta de reciente publicación se dijo que al menos el 29 por ciento de las empresas que no son esenciales se están negando a cerrar, por lo que estarían cometiendo un delito, además aseveró el entrevistado que los rubros que más preocupan a este sector son los salarios y el equipo de protección de seguridad e higiene para los empleados.
Para finalizar dijo que considera viable generar convenios de mutuo acuerdo entre empresas y empleados, al menos hasta que concluya la pandemia, para evitar caer en alguna ilegalidad con consecuencias jurídicas importantes.
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