Priistas instan capacitar a servidores para combatir violencia familiar

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Las diputadas Citlali Jaramillo Ramírez, Erika Rodríguez Hernández, Marcia Torres González, Michelle Calderón Ramírez, Rocío Jacqueline Sosa Jiménez, y los diputados Julio Manuel Valera Piedras, Juan de Dios Pontigo Loloya y Roberto Rico Ruíz, integrantes del Grupo Legislativo del PRI en el congreso local, presentaron una iniciativa que reforma la Ley para la atención y sanción de la Violencia Familiar en el estado de Hidalgo.

El objetivo de la iniciativa, explicó la diputada Marcia Torres González, es establecer el papel de los servidores públicos en la detección y la atención de los casos de violencia familiar en la entidad para reducir la presencia de este tipo de violencia.

La violencia familiar, informó Torres González, es un acto dirigido a dominar, someter o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar.

“Las consecuencias de la violencia familiar impactan en la autoestima de las personas que sufren violencia, esa situación es especialmente sensible entre los niños y adolescentes maltratados, pues la violencia puede obstaculizar el desarrollo intelectual, la creatividad y la incapacidad de establecer relaciones sociales con sus iguales”, precisó la legisladora priista.

Esta propuesta, añadió Torres González, “ estipula que todas y todos los servidores públicos de las dependencias y entidades del sector público deberán hacer del conocimiento a la autoridad competente de incidentes relacionados con la violencia familiar que conozca durante el ejercicio de sus funciones”.

Asimismo, destacó, “esta iniciativa del GLPRI establece que cuando un servidor público interviniere en el uso de sus funciones, en cuestiones de violencia intrafamiliar, deberá informar a las personas de manera clara, sencilla y concreta sobre los servicios públicos o privados disponibles para la atención de violencia familar.

“Deberá también remitir  de inmediato al Ministerio Público aquellos casos donde se presente la existencia de un delito; canalizar de inmediato, dependiendo de su propia competencia, a alguna institución de salud, cuando acuda una persona que indique que ha sufrido golpes, heridas o cualquier daño físico, aunque éste no sea visible” añadió.

Torres González destacó que en el GLPRI asumen el compromiso de garantizar la mejora en bien de la familia y su desarrollo humano con normas de esta índole, en donde las y los servidores públicos asuman el compromiso de hacer conciencia sobre las causas y consecuencias de la violencia.

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