Sector forestal demanda rescate ante grave crisis que atraviesa

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Ante la gravedad que se vive en México derivada de la contingencia sanitaria y el impacto a la economía de millones de personas que dependen directa o indirectamente del sector forestal, más de 210 representantes del sector llamaron al gobierno federal a desarrollar una estrategia conjunta que incida de forma positiva en la gestión sostenible de recursos forestales y en el bienestar de miles de personas que dependen de la actividad en bosques.

La labor detrás del sector forestal es un aporte vital a la seguridad de ecosistemas, por lo que al realizarse de manera responsable asegura la diversidad biológica y los servicios ambientales, que la mayoría de la población disfruta en las ciudades.

Diversas comunidades, pueblos indígenas, ejidos, empresas forestales comunitarias (EFC), operadoras turísticas sociales, industriales madereros y organizaciones de la sociedad civil, alertaron que la actual crisis sanitaria significará un cambio en la forma de vida, trabajo y consumo en torno al sector forestal, lo que impactará negativamente en el bienestar social, económico y ambiental del país.

Las EFC y sus aliados advirtieron hoy sobre el grave momento que atraviesan y que pone en riesgo su supervivencia, lo que podría comprometer la estabilidad del tejido social productivo ante los efectos de la recesión originada por la pandemia y la pérdida de competitividad del bosque contra otros usos de suelo.

De no abordarse esta problemática de manera contundente y decisiva, incrementará y generalizará el riesgo de deforestación. Esta crisis se vuelve más profunda en un contexto de cambio climático, donde se requieren más y mejores bosques para mitigarlo.

Ante un escenario que prevé nulo crecimiento, los productores, que en su mayoría son campesinos e indígenas, empresas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de 22 estados del país, demandaron urgentemente el respaldo del gobierno federal para salvaguardar a poblaciones que custodian los bosques, así como a empresas que adquieren y transforman productos forestales en las diversas cadenas de valor para múltiples sectores productivos.

Dentro de los grupos  que invitaron al gobierno a sumarse y rescatar al sector forestal, algunos con una fuerte presencia en ciertas entidades federativas, son: Unión para el Desarrollo Forestal y Agropecuario Del Valle de México (UDEFAM), Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez (UZACHI), Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ), Unión de Productores Industriales Forestales de Oaxaca, Alianza Selva Maya de Quintana Roo (ASMQ), Asociación de Mujeres Indígenas Mayas, A.C., Grupo Industrial Sezaric en Durango, Unión de Ejidos y Comunidades de Producción Forestal y Agropecuaria del Noroeste del Estado de Durango General Emiliano Zapata (UECOFAEZ),  Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia SC (UCDFI Topia), Ejido el Largo y Anexos en Chihuahua, Unión Regional Forestal del Sureste de Coahuila, Ejidos y pequeños propietarios Silvícolas de la Sierra Norte de Puebla, Asociación de Silvicultores de la Región Forestal Pachuca y Tulancingo en Hidalgo y la Confederación Nacional de Organizaciones de Silvicultores (CONOSIL), entre otros.

Otras organizaciones y agrupaciones con incidencia en los bosques y presencia nacional se sumaron a la petición.

Cabe mencionar que los núcleos agrarios, mediante sus empresas forestales, realizaron grandes contribuciones para reducir desigualdades, así como la creación de empleos dignos, para salvaguardar la biodiversidad con respeto a derechos de pueblos indígenas.

A fin de enfrentar la actual situación, los convocantes exhortaron al gobierno a construir una estrategia para la reactivación económica y de empleo en el sector forestal y actividades de silvicultura comunitaria y estar en condiciones de amortiguar los efectos más agudos de la crisis.

  • UN DATO

México cuenta con una superficie forestal, incluyendo todo tipo de ecosistemas, de 137.8 millones de hectáreas, equivale al 47.7% de la superficie total del país. De esta superficie, 62.6 millones de hectáreas son propiedad social; es decir, pertenecen a ejidos y comunidades.

Actualmente, alrededor de 5.5 millones de hectáreas tienen permiso de aprovechamiento para extraer madera, de las cuales sólo 1.3 millones de hectáreas cuentan con certificación internacional de buen manejo forestal.