Las cárceles mexicanas, el rostro olvidado de la pandemia

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reveló que de los 297 centros penitenciarios federales y estatales del país, 110 están sobrepoblados, lo que convierte al hacinamiento en uno de los principales problemas del sistema penitenciario en México, por supuesto también en Hidalgo.
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Estabas en la cárcel
y nadie fue ni pa’ darte una visita.
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y nadie fue ni pa’ darte una visita…

Tijuana No!

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registró en 2016 que de los internos de un centro penitenciario, el 46% de población entrevistada compartía celda con cinco personas.

Conforme estándares internacionales, en México la medida establecida para celdas individuales es de cuatro metros cuadrados, mientras que la de celdas triples es de 15 metros.

Es decir que en las prisiones mexicanas hay de todo, menos una sana distancia, lo cual representa mayor riesgo de contagio ante la actual crisis sanitaria derivada del coronavirus (Covid-19)

En su informe publicado recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló que las cárceles mexicanas tienen importantes retos que van desde falta de acceso a servicios médicos, de saneamiento y de alimentación, hasta el hacinamiento.

Frente al Covid-19 surgen preguntas y reflexiones sobre la interacción que prevalece al interior de presidios y la convivencia diaria entre población privada de su libertad, familiares, custodios y autoridades judiciales.

HIDALGO

El estado de Hidalgo cuenta con 12 cárceles y un Centro de Internamiento para Menores Infractores, entre los que destacan Pachuca, Tulancingo, Tula, Actopan, Apan, Mixquiahuala, Tenango de Doria y Molango, con una población total de más de 4 mil internos, donde más de 330 padecen enfermedades crónicodegenerativas como hipertensión arterial y diabetes, considerados como pacientes vulnerables.

Cabe recordar que a partir del pasado abril la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) determinó la suspensión de visitas al interior de estos reclusorios, con el objetivo de frenar el número de contagios.

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Lo cierto es que en estos espacios uno de los problemas comunes, como en el resto de las cárceles del país, el tema del hacinamiento es visible, así como la falta de una verdadera alternativa para proteger a dichos grupos vulnerables; los reportes exponen que en los centros penitenciarios del estado hay carencias que incluyen la falta de personal médico que pueda brindar asesoría y atención en caso de que llegase a presentarse un caso de Covid-19, de los que hasta el momento no hay reportes, pero que si se dieran pondrían en evidente peligro a toda la población carcelaria.

Si no das el trancazo tú
te lo da el de la esquina, lo sabes,
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ANÁLISIS

El más reciente diagnóstico sobre centros penitenciarios, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2019, detalló que el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca permanece en amarillo ante el semáforo de evaluación (es decir en alerta), con una capacidad para mil 554 internos y una población de mil 671 presos; el Cereso de Tulancingo está en la misma situación, con capacidad para 306 internos y rebasado por una población, hasta ese momento, de 572 reos.

Estas condiciones se repiten en casi todas las cárceles del estado, lo que evidencia la sobrepoblación como uno de los más graves conflictos que enfrentan en general ante la actual pandemia. Apan y Mixquiahuala reprobaron las evaluaciones realizadas por la CNDH.

El mismo estudio hizo hincapié desde el año pasado en temas señalados como prioritarios para darles atención: sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia de vías para remisión de quejas por probables violaciones a derechos humanos, deficientes condiciones de higiene en instalaciones, falta de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el procedimiento para imposición de sanciones disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad, así como condiciones de autogobierno o cogobierno.

Lo anterior sin considerar las deficiencias en integración de expedientes técnicos-jurídicos, adecuada separación entre procesados y sentenciados y una inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan de actividades.

En el caso del Cereso Pachuca llama la atención que sí hubo buenas calificaciones en aspectos como: atención a personas adultas mayores, indígenas, del sector LGBTTTI y programas para prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.

MUJERES

Para el caso de la reclusión de mujeres, la CNDH determinó casi las mismas condiciones y bajas calificaciones en la lista de revisión de puntos; por ejemplo, en el Centro de Reinserción Femenil de Pachuca hay una capacidad para 207 reas, con una población de 158.

Pero padecen insuficiencias como falta de instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del centro, higiene y comunicación al exterior, carencia de personal de seguridad y custodia, inexistencia de actividades deportivas, así como insuficiencia de programas para prevenir adicciones y desintoxicación.

Aunque se compensaron con rubros como número de internas con relación a la capacidad de las cárceles, programas para prevención y atención de incidentes violentos, imposición de sanciones disciplinarias y actividades educativas.

Hidalgo logró en lo general una calificación de 6.14 y ocupó la posición 25, muy cerca de entidades federativas reprobadas como Veracruz, Guerrero y Tamaulipas.

Las últimas calificaciones de Hidalgo en materia penitenciaria muestran una tendencia positiva, pues en 2016 sacó 4.62; en 2017 un promedio de 4.80; para 2018 se elevó a 5.28; y el año pasado registró 6.14; sin embargo, aún está muy lejos de cubrir la excelencia requerida.

Por si fuera poco, el Centro de Reinserción Social de Apan apareció en la tabla de los centros estatales con menor promedio del país, al lograr una calificación reprobatoria de sólo 5.15 y ocupando la posición número 17.

Pobre de ti, pobre de ti.
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PANORAMA EN LAS CÁRCELES MEXICANAS

Con respecto a las medidas de atención en cárceles ante la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), sugirieron a los países tomar medidas que pongan a salvo a población recluida en condición de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas y personas adultas mayores o con enfermedades crónicodegenerativas.

Son varias las organizaciones de la sociedad civil, especializadas en la defensa de derechos de personas privadas de la libertad, que han hecho un llamado frente a la crisis sanitaria para exigir que esta población cuente con beneficios preliberacionales que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). Por ello, las ONGs afirmaron que esto no sólo ayudaría a proteger la salud del sector, sino que también lograría visibilizar otras opciones legales para frenar la saturación de las prisiones mexicanas.

La Enpol expuso que la mayoría de las cárceles no cuenta con medidas sanitarias adecuadas para enfrentar problemas de higiene, pues el 30% de personas encuestadas refirió no contar con agua potable y el 5% reportó la ausencia de drenaje al interior de su celda; asimismo, la CNDH identificó que el 33% de personas recluidas en centros penitenciarios sufren de deficiencias en servicios de salud, aunadas a que el 63% no cuenta con  materiales, equipamiento e higiene necesaria en el área de dormitorios.

Para nadie es un secreto que en el contexto actual el hacinamiento en prisiones ha derivado en motines para protestar ante las medidas tomadas por autoridades penitenciarias del  país, como los módulos sanitarios de revisión médica para ingreso a los centros, así como la suspensión de visitas conyugales y la restricción de visitas familiares.

Dichas restricciones tuvieron ya un impacto negativo para personas privadas de su libertad, pues dependen en gran medida de recursos económicos e insumos que sus familiares les proporcionan en estas visitas.

Por ello resulta necesario que el Gobierno de México observe y valore las medidas implementadas en otros países (principalmente latinoamericanos, por las similares condiciones penitenciarias que comparten) frente a la pandemia actual:

Por ejemplo, Colombia permitió recientemente la excarcelación a casi 4 mil personas que ahora están en detención domiciliaria. Argentina y Brasil evalúan la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la detención a personas privadas de su libertad que cuentan con mayores riesgos de salud o que permanecen en proceso bajo prisión preventiva.

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AMNISTÍA

Réplica documentó que, en un esfuerzo por superar estos y otros desafíos del sistema penitenciario en la entidad, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, envió al Congreso local una iniciativa de Ley de Amnistía, el pasado 15 de abril, cuyo objetivo primordial es ayudar a quienes hayan cometido delitos de aborto y contra la salud en su modalidad de posesión, donde autoridades del fuero común tengan competencia en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud.

La propuesta del Ejecutivo contempla delitos cometidos por personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan tenido intérpretes o defensores en su propia lengua, para garantizar juicios adecuados.

Además favorecerá a infractores por delito de robo simple y sin violencia, cuando la pena sea menor a cuatro años y por sedición o haya instigado a otros delitos sin que se haya cometido secuestro u homicidio, ni tampoco lesiones graves por uso de armas de fuego.

Omar Fayad abundó que quienes se encuentren prófugos por los delitos señalados, podrán beneficiarse de la amnistía, mediante solicitud correspondiente. Dicha amnistía no se otorgará ni a reincidentes, ni a aquellas personas que hayan cometido delitos graves.

Sin duda es momento de volver la vista hacia estas cárceles y sus problemas, más allá de la polémica que suele acompañar al tema, al tratarse de vidas humanas que pueden estar en riesgo, aun dentro de un confinamiento obligado como consecuencia de sus actos.

 

jmg