Busca GLPRI endurecer penalidad por uso clandestino del agua en Hidalgo

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La diputada, Citlali Jaramillo Ramírez, y el diputado Juan de Dios Pontigo Loyola, integrantes del Grupo Legislativo del PRI (GLPRI) en el Congreso de Hidalgo; presentaron una iniciativa que reforma la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado.

 

De acuerdo con Juan de Dios Pontigo, el objetivo de esta iniciativa es proteger el servicio y distribución de agua realizada por el estado en materia del uso indebido de agua a través de tomas clandestinas; a fin de endurecer las sanciones correspondientes.

 

El diputado del GLPRI informó que “es relevante la integración de las consideraciones en torno al incremento del uso indebido y clandestino del agua; en el marco normativo vigente de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. A fin de que se establezcan los elementos necesarios para su reconocimiento, atención e incremento de sanciones respecto de la protección de uso y disfrute del agua”.

 

“El marco normativo bajo el cual se estable el derecho al agua y su protección establece las pautas legales para que en conjunto los tres ordenes de gobierno puedan generar la acciones, estrategias, proyectos y políticas en favor de la población; pero también en favor del uso sustentable y sostenible del recurso hídrico”

 

Por su parte, la integrante del GLPRI Citlalli Jaramillo informó que “la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) ha reportado un registro de 280 mil tomas; de igual manera estima que la cifra de tomas clandestinas que se conectada a su red de agua potable supera ya las 40 mil”.

 

Jaramillo Ramírez explicó que lo anterior contribuye, en buena medida, a que en la zona metropolitana de la capital se agudice y se encarezca en mayor medida el brindar el servicio a la población.

Por lo tanto, refirió, “esta reforma propone que las personas que utilicen los servicios públicos de manera clandestina deberán pagar las tarifas que correspondan a dichos servicio públicos; y además, se harán acreedores a las sanciones administrativas que se señalan en esta Ley y en su caso, a las sanciones penales relativas”.

 

Así mismo, la legisladora del GLPRI dijo que, detectado un servicio clandestino; el prestador del servicio correspondiente deberá suspender inmediatamente el mismo desde la red de distribución; y notificar al propietario o poseedor del inmueble respecto de los requisitos que debe cumplir, así como la multa correspondiente. Ello, independientemente de la denuncia penal por el delito de robo de fluidos y los que le resulten, finalizó.

 

 

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sgs